5 claves para entender la realidad de las Residencias en Chile
En abril de 2016 salió a la luz pública la muerte de una niña en una residencia del Servicio Nacional de Menores. Este hecho motivó la conformación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, para indagar y analizar en profundidad lo que ocurría al interior del Servicio. Un año después la investigación se materializa en el Informe Sename II, el cual evidenció la compleja realidad de la infancia vulnerada, la falta de una política que aborde este tema de manera integral y las debilidades de un sistema más allá de lo financiero.
Para entender la realidad de las residencias, se presentan algunos antecedentes:
- En Chile hay 298 residencias, de las cuales 287 fueron creadas y son administradas por instituciones de la sociedad civil (OCAS). Solo 11 hogares son de administración directa del Sename (CREAD). La Villa Jorge Yarur Banna de CCM es una de las 287 residencias colaboradoras de Sename.
- Cerca de 8.000 niños viven en hogares, de los cuales el 70% presentan patologías psiquiátricas complejas, por lo que necesitan atención especializada. Todos los niños atendidos son derivados por un tribunal, por haber sido víctimas de graves abusos y no haber recibido la protección adecuada por parte de sus familias.
- Gran parte del trabajo que realizan las residencias está orientado a fortalecer las habilidades parentales de las familias para que puedan recuperar el cuidado de los niños, ya que largos periodos de institucionalización tampoco son beneficiosos para su desarrollo.
- En los últimos 10 años, “1.313 niños murieron en programas del Sename”. Sin embargo, de estos casos solo el 16% estaba en hogares, el resto participaban en programas ambulatorios, por lo que estaban bajo el cuidado de sus familias. De ese porcentaje, la gran mayoría eran adultos con discapacidad mental que fallecieron producto de enfermedades físicas y que permanecían en residencias infantiles por no existir en el sistema otras alternativas para ellos.
- En términos de financiamiento, el Estado solo aporta $290.000 por niño de los $700.000 que se requieren mensualmente para cubrir tanto sus gastos básicos, es decir, vivienda, alimentación, vestuario, educación, salud y recreación, como el apoyo de un equipo profesional multidisciplinario. Las instituciones deben gestionar la falta de financiamiento con el aporte de socios y otras donaciones.
La crisis del sistema de protección de infancia es compleja porque requiere para su solución un trabajo mancomunado de los Ministerios de Justicia, Desarrollo Social, Educación y Salud, que brinde atención integral y coordinada a los niños vulnerados. Para hacer frente a esta realidad, se están tramitando tres leyes que son fundamentales para lograr el trabajo interministerial que se requiere. La primera es la Ley de Garantías, que habla sobre cómo el Estado debe garantizar los derechos de todos los niños; la segunda, la Ley del Defensor de la Niñez, acerca de la creación de un organismo autónomo que vele para que ninguna institución atente contra los derechos de los niños y, la tercera, la Ley de Nueva Institucionalidad, que creará una Subsecretaría de la Niñez.
Sin perjuicio de este nuevo marco legal, se requieren medidas urgentes en el corto plazo para mitigar la situación crítica de las residencias en la actualidad: medidas de salud mental para los niños atendidos, capacitación técnica para los equipos multidisciplinarios y financiar el déficit de los costos por niño, por ejemplo, entre otros.
La CCM es una de las instituciones colaboradoras de Sename que participa en las mesas técnicas de infancia para avanzar en políticas públicas acordes a los nuevos desafíos.
